A partir de ahora, el
trabajador deberá cobrar la indemnización correspondiente, que se incrementó, o
ir directamente a juicio. Qué son las nuevas ART-Mutuas.
El miércoles el
Congreso aprobó la reforma a la ley de riesgos del trabajo que, seguramente,
recibirá planteos de inconstitucionalidad que llevarán a un pronunciamiento de
la Corte Suprema, como ya pasó con esta ley sancionada en 1994.
Así, ocho años
después, y tras fuertes reclamos del sector empresario, el Gobierno se inclinó
por impulsar la llamada “opción excluyente con renuncia” por la cual el
trabajador accidentado, o sus familiares, deberán optar entre cobrar la
indemnización tarifada del sistema o iniciar una demanda por la vía civil. “Los
distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables”, dice la ley. A eso
se agrega la transferencia del eventual reclamo judicial de la Justicia laboral
al fuero civil.
En materia de
indemnizaciones, la nueva ley fija que “cuando el daño se produzca en el lugar
de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del
empleador”, el trabajador o sus familiares recibirán un adicional del 20% “en
compensación por cualquier daño no reparado”. “En caso de muerte o incapacidad
total, esta indemnización adicional nunca será inferior a los $70.000”. De aquí
se desprende que ese 20% adicional no se aplicará si el accidente se produce
“in itinere”, en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo o
viceversa.
Además, se
actualizan por la evolución de los salarios (RIPTE) los pagos adicionales de
$80.000 a $120.000 que corresponden a las incapacidades mayores al 50%. Y el
piso de $180.000 por el porcentaje de incapacidad, que se mantenía congelado a
los valores de diciembre de 2009. En adelante esos valores se ajustarán cada 6
meses según la evolución del RIPTE.
Las
indemnizaciones varían según el ingreso base (sueldo promedio de los últimos 12
meses), la edad del trabajador y el porcentaje de incapacidad (Ver infografía).
La nueva ley
elimina el sistema de rentas periódicas que “quedan transformadas en
prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las
prestaciones en ejecución”.
Con el fin de
limitar los costos de las empresas, la nueva ley fija que las ART “deberán
limitar su presupuesto en gastos de administración y otros gastos no
prestacionales al porcentaje que establece la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y de Seguros, el que no podrá superar el 20% de los ingresos que les
correspondan para ese seguro. Dentro de ese importe, podrán asignar a gastos de
comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el 5% del
total”.
Actualmente, en
promedio la alícuota que las empresas pagan a las ART equivale al 3% de la masa
salarial. Pero los porcentajes varían según la actividad y el tamaño de las
empresas. Así, en la agricultura es del 8,5% y en la construcción, del 7%. Las
pymes con menos de 10 trabajadores, en promedio, pagan el 6% y las que emplean
a más de 2.500 trabajadores pagan menos del 2% de la masa salarial.
En paralelo el
Gobierno, por decreto, ratificó la posibilidad de crear las denominadas
ART-Mutuas, que funcionarán como aseguradoras sin fines de lucro y serán
constituidas por grupos de empleadores y asociaciones sindicales. Ya habrían
avanzado para conformar sus Mutuas los metalúrgicos (UOM- ASIMRA) y la
construcción.
Un punto
llamativo es el que especifica que las ART-Mutuas deberán “utilizar, de manera prioritaria
y siempre que sea técnicamente posible, los servicios de obras sociales y
efectores públicos de salud” para atender a los trabajadores accidentados. En
el sector se dice que este decreto habría “facilitado”el apoyo de los
sindicatos de la CGT oficialista a la nueva ley.
El decreto
precisa que las ART-Mutuas podrán constituirse durante las paritarias de cada
sector con el compromiso de mantenerse “por un plazo mínimo de 10 años,
contados a partir de su constitución”, pero aclara que la afiliación de los
empleadores es voluntaria. “Las ART-Mutuas no podrán vulnerar el principio de
libre afiliación de los empleadores”, dice. Claro que al tratarse de una
entidad formada por la cámara patronal y el sindicato, habrá una fuerte presión
para que las empresas de la actividad adhieran a la Mutual del sector
